La cancelación de un contrato de compra de fertilizante por parte del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agro Rural, de Perú con la empresa paraguaya Direcagro, a finales de diciembre de 2022, ha provocado que la compañía entre en la etapa de trato directo previa a recurrir a un arbitraje internacional en el que reclamará 9 millones de US dólares.