Para sustentar su apelación al Ciadi, los herederos del sultán aseguraban haber realizado una “inversión protegida” en España. Contra eso, la corte de arbitraje internacional concluye que no se podía hablar de ningún modo de inversión protegida, según los términos del Tratado Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Filipinas de 1993.