Energía y ambiente

La mayoría de las disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) tienen que ver con asuntos ambientales. Las corporaciones usan cada vez más el sistema de ISDS que se encuentra en tratados de inversiones y de comercio a fin de desafiar las políticas ambientales.Para finales de 2019, cerca de 41% de todos los casos llevados ante el CIADI se relacionaron con recursos naturales y energéticos.

Los casos más conocidos incluyen:

• Lone Pine Resources (EUA) vs. Canadá: Lone Pine desafió la moratoria de Quebec a la controvertida práctica de la fractura hidráulica, o fracking, para buscar gas natural. El gobierno provincial de Canadá declaró una moratoria en 2011 con el fin de conducir evaluaciones de impacto ambiental del método de extracción, que es acusado ampliamente del lixiviado de químicos y gases a las aguas terrestres y de la contaminación del aire. El caso sigue en disputa (se invoca el TLCAN).

• Bilcon (EUA) vs. Canadá: la corporación estadounidense desafió los requisitos ambientales canadienses que afectan sus planes de abrir una cantera de basalto y una terminal marina en Nueva Escocia. En 2015, un tribunal de arbitraje decidió que la voluntad del gobierno era un obstáculo a las expectativas del inversionista. Entonces Bilcon obtuvo 7 millones de dólares, más intereses (se invocó el TLCAN).

• Vattenfall (Suecia) vs. Alemania: en 2007, la corporación de energía obtuvo un permiso provisional para construir una planta activada con carbón como combustible cerca de la ciudad de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales desechadas por la planta, se añadieron restricciones ambientales para la aprobación final de su construcción. El inversionista comenzó una disputa arguyendo que haría inviable su proyecto. El caso fue finiquitado en 2011, y la ciudad de Hamburgo accedió a bajar sus requisitos ambientales (se invocó el ECT)

Foto: Kris Krug / CC BY-NC-ND 2.0

(marzo 2020)

UDAPT | 24-mar-2023
Although the Dutch courts have yet to issue a final ruling on the appeal for annulment filed by the State Attorney’s Office, the Government of Ecuador is already complying with the arbitration award as if it were in force.
CIAR Global | 20-mar-2023
El Gobierno de Panamá y Minera Panamá han acordado el texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá.
Le Devoir | 20-mar-2023
Le promoteur de GNL Québec conteste le rejet du projet, survenu l’an dernier, réclamant au gouvernement canadien des milliards de dollars en compensation et en dommages et intérêts.
Open Democracy | 16-mar-2023
La extracción masiva del carbón en La Guajira genera beneficios récord mientras la empresa demanda al Estado colombiano para continuar con su proyecto de explotar el río que defienden los indígenas
Foreign Policy in Focus | 16-mar-2023
Corporations are using trade and investment treaties to handcuff global and national efforts to save the planet. Resistance to the corporate-friendly trade architecture has come from many corners of the globe.
El Economista | 13-mar-2023
El próximo 1 de julio fenece el plazo para presentar solicitudes de solución de disputas bajo las reglas del TLCAN, toda vez que a la entrada del vigor del T-MEC, en julio del 2020 se fijó un plazo de transición de tres años para dar cabida al trámite de posibles inconformidades comerciales de los gobiernos de los países socios del tratado o de sus inversionistas.
Radio-Canada | 13-mar-2023
La demande des promoteurs de GNL Québec et de Gazoduq, qui réclament une indemnisation de 20 milliards de dollars américains au gouvernement du Canada, suscite des questions aux yeux de certains experts.
CBC | 13-mar-2023
The liquified natural gas companies behind GNL Québec and Gazoduq are claiming $20 billion US in compensation from the government of Canada for pulling the plug on their natural gas liquefaction terminal and gas pipeline projects in Saguenay, Que.
Open Democracy | 10-mar-2023
We can’t be held hostage by a 1990s treaty that allows fossil fuel firms to sue governments.
Diario Uchile | 9-mar-2023
Entidades a favor de la protección del medioambiente responsabilizaron al mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado, por que instaron al presidente Gustavo Petro a retirarse de un sistema "asimétrico, injusto e inconsistente".

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