En 2023, tras la reforma energética y la ley de minas, México recibió un alud de 10 demandas inversionista-Estado en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que se suman a 15 demandas pendientes por más de 11 mil millones de dólares (La Jornada, 28/8/23).