Europa

Los Estados miembros de la Unión Europea han firmado más de 1300 acuerdos de comercio con terceros países, además de unos 200 tratados bilaterales de inversión (TBI) entre miembros de la UE. Los Estados europeos no miembros de la UE son parte en más de 500 acuerdos de comercio. Casi todos contienen mecanismos de arbitraje de disputas entre inversionistas y Estados si consideran que sus ganancias o sus inversiones potenciales serán afectadas por nuevas leyes o cambios en las políticas.

La UE como tal ha ratificado cuatro tratados con mecanismos ISDS: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), de la que son parte 53 países europeos y de Asia central. El acuerdo de comercio integral con Canadá (CETA) y acuerdos con Vietnam y Singapur. Sólo el TCE está en plena operación. Los mecanismos ISDS en los otros tres acuerdos se implementarán cuando los estados miembros los hayan ratificado.

Estos también incluyen un mecanismo revisado de ISDS creado por la Comisión Europea, conocido como el sistema de tribunal de inversiones. Muchos críticos dicen que este nuevo sistema es en gran medida una fachada y no aborda el núcleo del problema que subyace a las medidas de controversia entre inversionistas y Estados.

En 2015, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros de la UE que pusieran fin a sus tratados bilaterales de inversión (TBI) intracomunitarios, argumentando que eran incompatibles con la legislación de la UE, lo que fue confirmado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su decisión “Achmea”.

Para abril de 2020, el número de controversias ISDS dentro de la UE ascendía a 170, un 17% de todos los casos a nivel mundial, 76 de los cuales se habían presentado en el marco del TCE.

En total, los inversionistas de los países europeos han iniciado más de 600 casos de ISDS, la mitad de los cuales son contra Estados no europeos. Los países europeos han sido objeto de unos 350 casos. Agrupados, los inversionistas de los estados miembros de la UE han iniciado la mayoría de las disputas totales (más de 400).

España, la República Checa, Polonia, Rusia y Ucrania han estado entre los diez estados demandados con mayor frecuencia, mientras que los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Italia y Suiza han estado entre los diez estados de origen de los inversionistas con mayor frecuencia.

Los casos más conocidos incluyen:

 Yukos (Isla de Man) contra Rusia: 50 mil millones de dólares concedidos en 2014 a los accionistas mayoritarios de la empresa de petróleo y gas (se invoca el TCE).

 Eureko (Países Bajos) contra Polonia: caso resuelto en 2005 por unos 2 mil millones de euros a favor del inversionista, una gran compañía de seguros europea (se invocó el TBI entre los Países Bajos y Polonia)

 Ceskoslovenska Obchodni Banka (República Checa) contra República Eslovaca: 553 millones de euros concedidos en 2004 a los inversionistas, uno de los mayores bancos comerciales de la República Checa (TBI República Checa-República Eslovaca invocado)

Foto: War on Want

(abril de 2020)

Reuters | 3-feb-2023
Croatia will pay $255.7 million to Hungarian oil and gas company MOL under a ruling in an arbitration case at the International Centre for Settlement of Investment Disputes.
News5 | 27-ene-2023
Since the company is registered in the Cayman Islands, a British Overseas Territory, it cites the Bilateral Investment Treaty between Belize and the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Saskia Bricmont | 25-ene-2023
This report analyzes the proposed interpretive guidance on the Investment Chapter of the Comprehensive Economic and Trade agreement (CETA) between Canada and the European Union.
Saskia Bricmont | 25-ene-2023
La déclaration en voulant clarifier les choses crée de nouvelles zones de flou et, en définitive, tout dépend de la conception que les arbitres devant régler un différend précis se font du lien entre la transition et la protection des investissements.
Euractiv | 25-ene-2023
Since October 2022, seven EU member states have announced plans to withdraw from the European Charter Treaty. Across the board, the message is clear: the insufficient and potentially climate-damaging treaty reform effort is no longer a politically viable option.
Telecompaper | 24-ene-2023
The US-based company Providence Equity Partners claims that certain actions by national public service regulator SPRK indicate a possible violation of the bilateral investment agreement between the US and Latvian governments.
EJIL: Talk! | 23-ene-2023
The way in which the reasoning of the Rockhopper award expels any environmental considerations has the effect of making climate change interventions considerably more costly
Open Democracy | 23-ene-2023
The treaty allows fossil fuel companies to sue governments for taking climate change action. It must go.
The Conversation | 23-ene-2023
A relatively new strategy for China is to challenge national security decisions before international tribunals using a method called investor-state dispute settlement.